1. Antecedentes de hecho y recorrido procesal
El litigio surge del proceso selectivo convocado por la Orden JUS/764/2019 para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
  • La actuación administrativa impugnada: Un opositor en Andalucía obtuvo 12,41 puntos en el tercer ejercicio (por debajo del corte de 12,50). En dicha prueba escrita y sin lectura pública, se obligó a los aspirantes a identificar sus hojas con nombre y apellidos.
  • El pronunciamiento de instancia: La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid estimó parcialmente el recurso solo por falta de motivación, pero avaló la identificación nominativa alegando que las bases comunes la reservaban solo para corrección mecánica y que estaba justificada por el volumen de participantes y la complejidad operativa.
2. Fundamentos de Derecho: La doctrina casacional del Tribunal Supremo
La Sala Tercera (ponente Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo) casa la sentencia y consolida su jurisprudencia (complementando la STS 582/2025) sobre tres ejes:
  • Carácter consustancial del anonimato: Preservar el anonimato en pruebas escritas es una garantía instrumental para asegurar la imparcialidad objetiva del tribunal y evitar sesgos. Deriva de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, por lo que es preceptivo aun sin previsión expresa en las bases.
  • Insuficiencia de la eficacia organizativa: Aunque el anonimato no es absoluto (no rige en ejercicios con lectura pública), su exclusión exige circunstancias objetivas y legítimas vinculadas a la igualdad. La carga de trabajo o la celeridad en la corrección son cuestiones internas que no pueden desplazar mandatos constitucionales.
  • Identidad frente a identificación nominativa: La facultad de comprobar la identidad de los aspirantes contra la suplantación es puntual y no ampara imponer una identificación nominativa generalizada en los cuadernos de examen.
3. El Fallo y sus efectos jurídicos
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso en los siguientes términos:
  • Nulidad y retroacción: Rechaza declarar «apto» directamente al recurrente, pero decreta la nulidad del tercer ejercicio respecto a él y ordena repetir la prueba garantizando el anonimato (manteniendo la exigencia de motivar la nota).
  • Intangibilidad de terceros: La nulidad no afecta a los aspirantes que superaron de buena fe el proceso y obtuvieron plaza (aplicando la doctrina de SSTS de 2023).
  • Implicaciones para tribunales: La eficiencia en la tramitación debe lograrse mediante medios técnicos (plicas o codificación) y no sacrificando la objetividad.
4. Conclusión y asesoramiento en procesos selectivos
La Sentencia 1.152/2026 ratifica que la celeridad administrativa no habilita para suprimir derechos fundamentales ni garantías procedimentales en el acceso a la función pública.