Si necesita un abogado de función pública, lo más importante es que el despacho conozca de verdad cómo funciona la relación de servicio: desde el acceso (oposición, concurso, bolsa, nombramiento) hasta los cambios de situación administrativa y, si llega el caso, la extinción.
En Iñesta Alcolea asesoramos y defendemos a empleados públicos, tanto en vía administrativa como ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Qué puede hacer por usted un abogado de administración pública especializado en función pública
La mayoría de problemas en función pública se resuelven entendiendo el procedimiento, los plazos, la prueba y la lógica interna de la Administración (y, cuando toca, cómo lo valora el juez).
Como abogados de función pública, le ayudamos a tomar decisiones con seguridad, cuándo recurrir, qué pedir, cómo acreditarlo y qué riesgos existen.
A continuación, algunos de los escenarios más frecuentes en los que actuamos.
Problemas habituales que resolvemos en Función Pública
Acceso a la función pública y procesos selectivos
Acompañamos a aspirantes y empleados públicos en conflictos vinculados al acceso: impugnación de bases, baremación de méritos, listas de admitidos/excluidos, criterios de corrección, entrevistas o pruebas prácticas, así como recursos contra resultados.
Carrera profesional, progresión y reconocimiento de derechos
La carrera profesional (horizontal o vertical, según el caso) suele generar controversias por interpretaciones restrictivas, requisitos discutibles o desigualdad de trato. También es frecuente el conflicto por:
- Reconocimiento de servicios previos
- Encuadramientos, grados, niveles o complementos
- Evaluación del desempeño (cuando existe)
- Efectos económicos y retroactividad
Nuestro trabajo como abogado funcionario público consiste en ordenar el caso, qué se puede reclamar, desde cuándo, con qué documentación y por qué vía.
Traslados, movilidad y provisión de puestos
La movilidad (concursos, comisiones de servicio, adscripciones provisionales) puede afectar de forma directa a su vida personal y profesional. Intervenimos cuando hay discrepancias en la baremación, falta de motivación en resoluciones, exclusiones, o cuando se detectan criterios aplicados de forma desigual.
También asesoramos en situaciones donde el empleado público necesita anticipar riesgos: por ejemplo, aceptar o no un puesto, cómo proteger la antigüedad o cómo impugnar una adjudicación sin perjudicar su posición.
Excedencias y situaciones administrativas
Las excedencias y situaciones administrativas son un punto crítico de la vida profesional del empleado público: condicionan reserva de puesto, reingreso, plazos, cómputos y efectos retributivos. Actuamos tanto en solicitudes como en denegaciones, y en conflictos por reingresos o adscripciones.
Incompatibilidades y conflictos por segunda actividad
Las incompatibilidades suelen aparecer cuando el funcionario o empleado público quiere compatibilizar con docencia, actividad privada, cargos o colaboraciones. Aquí la clave no es solo “si se puede”, sino cómo se solicita, cómo se justifica y cómo se recurre una denegación.
En estos asuntos, un abogado derecho función pública le ayuda a evitar errores que luego son difíciles de corregir (por ejemplo, iniciar una actividad sin autorización cuando era exigible).
Funciones de superior categoría y reclamaciones
Es habitual que un empleado público asuma tareas propias de un puesto superior sin el reconocimiento formal correspondiente. Analizamos si procede reclamar el reconocimiento, los efectos económicos, la regularización de la situación y la estrategia probatoria (qué funciones, durante cuánto tiempo, con qué instrucciones, etc.).
Recursos frente a resoluciones administrativas
Muchas controversias nacen de una resolución que llega “cerrada” y con plazos corriendo. En función pública es decisivo actuar a tiempo y con enfoque: no solo discutir el fondo, sino también la motivación, el procedimiento, la igualdad, la desviación de poder cuando exista, y la prueba.
Cuando el caso lo requiere, preparamos el camino para la vía judicial: un recurso bien planteado en vía administrativa puede marcar la diferencia después.
Expedientes disciplinarios y sanciones
Los expedientes disciplinarios exigen una defensa técnica desde el primer momento: acceso al expediente, propuesta de prueba, alegaciones, estrategia ante declaraciones y control de garantías procedimentales.
¿A quién va dirigido este servicio?
Esta especialidad está pensada para personas que necesitan un abogado empleado público con enfoque específico en función pública, especialmente si su caso afecta a su carrera o estabilidad.
Trabajamos de forma habitual con:
- Funcionarios de carrera (provisión, carrera, situaciones administrativas, sanciones, retribuciones vinculadas al puesto)
- Personal interino (nombramientos, ceses, bolsas, derechos profesionales y conflictos de continuidad)
- Aspirantes a procesos selectivos (impugnación de bases, baremos, pruebas, exclusiones)
Si su situación encaja con el ámbito interino, puede ver también nuestra página de [abogado de funcionarios interinos](/funcionarios-interinos).
Cómo trabajamos: de la vía administrativa a la contencioso-administrativa
En función pública, la estrategia importa tanto como el contenido. Por eso trabajamos con un método claro, orientado a resultados y a minimizar riesgos.
Primero realizamos una revisión completa: hechos, documentación, plazos y objetivo real (anulación, reconocimiento de derecho, retroacción, indemnización si procede, etc.).
Después estudiamos la normativa y criterios aplicables (sin perder de vista la práctica administrativa) y definimos la vía adecuada.
Normalmente el itinerario es:
- Diagnóstico y viabilidad: qué se puede pedir y con qué probabilidades
- Vía administrativa: alegaciones, recursos y prueba documental
- Vía contencioso-administrativa: demanda, medidas cautelares cuando procedan y defensa en juicio
Este enfoque nos permite acompañarle durante toda su vida profesional, desde el inicio de la relación de servicio hasta su finalización, con coherencia y continuidad.
Por qué confiar su asunto a Iñesta Alcolea Abogados
La función pública tiene particularidades propias, como procedimientos internos, plazos estrictos, conceptos retributivos y de carrera, y una casuística enorme entre administraciones y cuerpos. Un enfoque generalista suele traducirse en recursos mal orientados o en oportunidades perdidas.
Nuestro despacho está centrado en esta materia como línea prioritaria. Eso se nota en la forma de plantear el caso: sabemos qué documentación pedir, qué argumentos suelen ser decisivos y cómo preparar el expediente para que, si es necesario, la vía judicial tenga una base sólida.
Hable con un abogado de función pública
Si necesita defensa jurídica en materia de función pública, puede contactar con el despacho.
Cuéntenos su caso y valoraremos la mejor vía de actuación, ya sea administrativa o contencioso-administrativa. Analizamos su situación y le orientamos sobre la estrategia más adecuada para proteger sus derechos como empleado público.